- Los centros receptores defienden un ideario ultracatólico y la mayoría están próximos a la órbita del Opus Dei
- Sólo Aragón, Canarias y Castilla-La Mancha no dedican dinero público a financiar centros de este tipo
- Andalucía se rebela para no consolidar
estos conciertos, a pesar de que cuentan con el aval de la ley educativa
que aprobó el PP en 2013
Al menos 113 millones de euros salieron de los presupuestos públicos de
2016 para financiar los 72 centros educativos que se mantienen acogidos
al régimen de conciertos a pesar de que separan en clase a alumnos y
alumnas. Los citados colegios se ubican en catorce autonomías. Sólo
Aragón, Canarias y Castilla-La Mancha no dedican dinero público a
financiar centros de este tipo.
Todos tienen un ideario educativo ultracatólico y 62 de ellos (más del
85%) están vinculados de forma directa a la prelatura del Opus Dei.
El debate sobre la pertinencia de que estos colegios se financien con
dinero público ha vuelto a resurgir recientemente después de que la
Junta de Andalucía se haya mostrado decidida a
no consolidar estos conciertos.
Y eso a pesar de que la legislación educativa actual –la reforma
impulsada por el exministro José Ignacio Wert, en vigor desde el 30 de
diciembre de 2013– señala de forma expresa que esta opción educativa
puede estar financiada con dinero público.
El PP garantizó en su reforma el retorno de los conciertos a los
colegios que los habían perdido después de que el Tribunal Supremo, en
varias resoluciones, cuestionara que se sostuvieran con fondos públicos.
Las resoluciones del Alto Tribunal, no obstante, estaban basadas en la
ya modificada Ley Orgánica de Educación (LOE), que dejaba la decisión
final sobre si financiarlos o no en manos de las autonomías al señalar
que los colegios mixtos serían "objeto de atención preferente y
prioritaria".
La legislación actual recoge que "en ningún caso habrá discriminación
por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra
condición o circunstancia personal o social" en las escuelas y añade que
"no constituye discriminación la admisión de alumnos o la organización
de la enseñanza diferenciadas por sexos". De ahí que los tribunales,
bajo el paraguas de este texto, hayan fallado a favor de mantener los
conciertos tras los recursos formulados por los defensores de este
modelo en los últimos años.
A pesar de ello, Andalucía mantiene que "no está obligada a financiar
una educación que no respeta el principio constitucional de no
discriminación por razón de sexo". "Respetamos a quienes opten por otros
modelos como una enseñanza que diferencia entre niños y niñas, que los
separa y los segrega, pero esta no puede ser sostenida con fondos
públicos", dice un portavoz a preguntas de infoLibre.
La Junta ha decidido denegar la financiación pública a las unidades del
nivel de acceso a las enseñanzas, que soncuarenta de un total de 113 que
estaban concertadas este curso. Por tanto, el alumnado ya escolarizado
continuará con el concierto educativo. En cualquier caso, tanto las
familias como los centros ya se preparan para acudir a los tribunales.
Rafael Caamaño, secretario general de la patronal CECE Andalucía,
asegura que el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía ha dictado
hasta cuarenta sentencias dándoles la razón ante denegaciones del
concierto por parte de la Junta.
En conjunto, los nueve centros andaluces que segregan por sexo y acceden
a la financiación pública tienen un coste para la Administración de
alrededor de cinco millones de euros anuales. Siete de ellos (Albaydar,
Altair, Elcható de Brenes, Ribamar, Torrealba, Yucatal y Zalima) están
vinculados a la a la prelatura del Opus Dei y otros dos, Ángela Guerrero
y Nuestra Señora de Lourdes, a las Hermanas de la Cruz.
Madrid y Cataluña, a la cabeza
No obstante, Madrid es la comunidad que cuenta con más centros
concertados que separan en clase a niños y niñas, un total de 18, que
fueron financiados con 27,7 millones de euros. Todos están relacionados
de forma directa con el Opus Dei salvo cinco, que pertenecen a otras
entidades de carácter ultracatólico: Edith Stein (Fundación Chesterton),
Juan Pablo II en Alcorcón y Parla (Fundación Educatio Servanda), Monte
Tabor (movimiento apostólico de Schoenstatt), y Stella Maris (Discípulos
de Jesús y María).
En Cataluña el número de centros concertados que segregan por
sexo asciende a 15 y su financiación anual es de 28,6 millones de euros,
según datos facilitados por el Govern a la diputada del PSC Esther
Niubó. El grupo de Catalunya Sí que es Pot presentó en marzo del año
pasado una proposición de ley para modificar la Ley de Educación de
Cataluña (LEC) con el objetivo de que sólo se pudieran concertar las
escuelas privadas que garanticen la educación mixta. El texto fue
tumbado por Junts pel Sí (incluidos los representantes de ERC) y el PP.
"Es el modelo de Convergència de toda la vida y ERC parece haberlo
comprado absolutamente: 28 millones para estos centros, cero para
escuela infantiles públicas municipales y tres millones para guarderías
privadas de iniciativa social", se queja Niubó.
La legislación establece que las comunidades autónomas pueden tomar como
referencia los módulos económicos de distribución de fondos públicos
para el sostenimiento de centros concertados que recogen los
Presupuestos Generales del Estado o aprobar módulos propios en sus
cuentas anuales, si bien las cuantías nunca pueden ser inferiores a las
estatales. En todo caso, la subvención total a la que accede cada centro
depende del número de unidades concertadas en cada etapa educativa. La
cantidad total se realiza multiplicando el número de módulos concertados
de cada enseñanza por la asignación presupuestaria de cada uno de esos
módulos.
La Comunitat Valenciana, pionera en 1999 en concertar de golpe
los cinco centros educativos privados vinculados al Opus Dei que había
en ese momento, cuenta actualmente con siete centros de este tipo
(Aitana, Altozano, El Vedat, Guadalaviar, Miralvent, Torrenova y
Vilavella), todos vinculados también a esa institución. Recibieron el
año pasado 12,3 millones de euros, una cantidad que el actual Gobierno
valenciano (PSOE-Compromís) mantendrá a pesar de estar "totalmente en
contra de la educación segregada" porque hay que "cumplir la ley", tal y
como señala un portavoz a este periódico.
En el País Vasco hay cinco centros que segregan que reciben cada
año, según datos del departamento de Educación vasco, 12,2 millones de
euros. Son los colegios Eskibel, Erain, Ayalde, Munabe y Gaztelueta. Los
cuatro primeros pertenecen al grupo educativo COAS y todos están
ligados al Opus Dei. En Galicia hay otros cinco –Aloya, Las
Acacias, Montecastelo, Peñarredonda y Montespiño– que son financiados
con tres millones al año. El primero de ellos, exclusivamente de
Formación Profesional, está ligado al Opus Dei y el resto pertenecen a
la empresa Fomento, una institución educativa vinculada también a esta
institución.
Hay otros dos en Castilla y León –Pinoalbar y Peñalba, ambos de
Fomento– y uno en La Rioja –Alcaste, del grupo COAS–. Los primeros
obtuvieron 1,1 millones entre los dos y el segundo, 1,7 millones. En Murcia,
el colegio Nelva-Monteagudo computa administrativamente como uno, si
bien cuenta realmente con dos edificios en los que separan a alumnos y
alumnas. Recibió alrededor de cuatro millones de euros anuales de
subvención. En Navarra hay otros dos centros educativos que
segregan por sexo –Miravalles-El Redín e Irabia-Izaga–, que recibieron
13,6 millones de euros anuales. Y en Cantabria uno, el Torrevelo-Peñalabra, también de Fomento, que obtuvo 1,3 millones de euros.
Obligados por la ley
Otras comunidades gobernadas por los socialistas, como Asturias,
Baleares y Extremadura, también mantienen los conciertos de este tipo de
centros. Portavoces de las consejerías de Educación de las tres
autonomías insisten en mostrar su preferencia por un modelo educativo
mixto que garantice el acceso en igualdad de oportunidades, pero
recuerdan que estos conciertos están amparados por la actual ley
educativa.
En 2013, el Gobierno de Asturias retiró los conciertos a los dos
centros de educación diferenciada de la empresa Fomento que hay en el
Principado. Esa decisión fue avalada por el tribunal superior de la
comunidad pero sólo tuvo efecto hasta que entró en vigor la actual norma
educativa, unos meses después. Esos dos colegios, Los Robles y
Peñamayor, cuentan actualmente con 29 unidades concertadas por las que
recibieron 1,5 millones de euros en 2016.
En Baleares también hay dos colegios de educación segregada con
doce aulas subvencionadas en total, Aixa y Llaüt. Los dos pertenecen a
la fundación de carácter católico Educació i Familia Illes Balears y
recibieron en 2016 alrededor de 460.000 euros. En Extremadura hay
un único colegio concertado que solo admite a niñas, La Inmaculada y
San Ignacio, regentado por la Congregación de las Hermanas de la Cruz.
Percibió 224.000 euros el año pasado. "Se mantiene este concierto porque
no se puede modificar. No hay ninguna cláusula legal que podamos poner
para impedir la segregación por sexos", señala una portavoz.
Sin fondos públicos en tres comunidades
Precisamente la semana pasada el Tribunal Superior de Justicia de Aragón
(TSJA) condenó al Gobierno de esa comunidad a conceder sendos
conciertos educativos a dos colegios privados de Zaragoza que separan a
los alumnos por su sexo y a los que el Gobierno PP-PAR de Luisa Fernanda
Rudi les había denegado la financiación pública en dos ocasiones la
pasada legislatura, tal y como adelantó
Público. Los colegios, Montearagón y Sansueña, pertenecen a la empresa Fomento.
Aragón era, hasta ahora, una de las tres comunidades que no destinaba dinero público a financiar colegios que segregan por sexo. En Canarias, los dos colegios de este tipo que existían se convirtieron en su día en mixtos para no perder el concierto. Y en Castilla-La Mancha, por su parte, existen centros que separan a niñas y niños, pero ninguno de ellos ha pedido ayudas públicas.
