Quedáis advertidos 10.

• Visto en un manual de una computadora Silicon Graphics: “no tome al ratón por el cable o lo tire a sus compañeros de trabajo”.
  Quizás golpearlos con el teclado sea más permisible.
•  Visto en un manual de una antena para TV vía satélite: “No se intente instalar la antena si está borracho, embarazada o ambas cosas”.
  Por supuesto que si usted está embarazada y borracha, seguro tiene un problema más grave.
•  Visto en el manual de una TV Samsung 3D: “Mujeres embarazadas, ancianos o aquellos que sufran alguna condición médica seria, aquellos que tienen insomnio o bajo la influencia del alcohol, deben abstenerse de utilizar la funcionalidad de las 3D de esta unidad”.
  ¡Dale con las mujeres embarazadas!
•  Leído en un manual de un horno de microondas: “no se use para secar a las mascotas”.
  Para ser justos, quizás se malinterpreta la frase del botón del horno que está etiquetada como “hot dogs”. 
•  Visto en un material de la publicidad del iPod Shuffle en el 2005: “No se coma el iPod Shuffle”.
  A menos, quizás, ¿que esté borracho o embarazada?
•  Visto en un manual de una TV: “no arroje líquidos a su aparato televisor”.
  ¿Me pregunto quién querría hacer esto a propósito?
•  Visto en un  manual de un apuntador laser: “no vea al laser directamente con el ojo que le queda”
  Hasta para advertir hay que tener humor.
•  Visto en un manual de un reloj de muñeca: “¡Cuidado! esto no es ropa interior. No se lo ponga en los pantalones”.
  ¿Alguien entiende esta advertencia? ¿En qué estarían pensando?
•  Visto en una sierra eléctrica: “No  intente detener la cadena con sus manos o genitales”.
  Y usted pensaba que la advertencia del reloj era absurda.
•  Visto en las instrucciones de un termómetro: “no se use de manera oral después de haber sido usado rectalmente”.
  A menos que tenga gustos bizarros.
•  Visto en el manual de un control remoto de la TV: “No se use con la lavadora de platos”
  Ya lo intenté y no pude encenderla. ¿Ahora qué hago?
•  Visto en un microscopio: “Los objetos se ven más pequeños y menos alarmantes de lo que son”.
  Sin duda inspirado en los espejos retrovisores de los autos.
•  Visto en un tractor holandés: “Evite la muerte”.
  Hay que reconocer que es una amplia advertencia.
•  Visto en una máquina lavadora: “NO INTRODUZCA a nadie dentro de la lavadora”.
  Ni para un baño rápido. No. No lo haga.
•  Visto en el empaque de una plancha Rowenta: “No planche la ropa si la tiene puesta”.
  Si lo hace, quizás quiera después meterse en la lavadora.
•  Visto en un cartucho de una impresora laser: “No se coma el toner”.
  Si lo hace, seguramente le quedará la lengua negra.
• FINDUS:
  SUGERENCIA PARA SERVIR: DESCONGELAR PRIMERO. (Obviamente los clientes que son esquimales lo comen congelado)
•  Tiramisú Savory (impreso en la parte de abajo de la caja): NO DAR LA VUELTA AL ENVASE. (El problema es que la advertencia la leemos demasiado tarde y ya estamos limpiando un enchastre).
• jarabe contra la tos para niños: NO CONDUZCA AUTOMOVILES NI MANEJE MAQUINARIA PESADA DESPUES DE USAR ESTE MEDICAMENTO. 
• guirnalda de luces de Navidad fabricadas en China:
  SOLO PARA USAR EN EL INTERIOR O EN EL EXTERIOR (como si hubieran más alternativas). 
• frutas secas de American Airlines: INSTRUCCIONES: ABRIR EL PAQUETE, COMER LAS FRUTAS SECAS. (porque hay gente que hace el proceso inverso; si no fuera por estas instrucciones...). 
• En el manual de una pistola de aire caliente que se usa como removedor de pintura y que llega a temperaturas tan altas como 1000 grados :
  NO USAR LA HERRAMIENTA COMO SECADOR DE PELO 
• secador de pelo : PELIGRO: NO USAR EL SECADOR DE PELO MIENTRAS DUERME. 
• En paquete de servilletas : PRECAUCION: NO SE USE PARA LA NAVEGACION. 
• caja de un cochecito para bebés: RETIRE AL NIÑO ANTES DE DOBLAR.
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
   

El ex alcalde de Navalcarnero gastó en dos años 35 millones de euros sin justificar

Santos gobernó Navalcarnero durante 20 años representando al Partido Popular

La Asamblea protegerá por ley a los funcionarios que denuncien la corrupción

El ex alcalde de Navalcarnero Baltasar Santos, que gobernó el municipio hasta el año 2015 bajo las siglas del PP, infló numerosos contratos y gastó 35 millones sin justificar durante los ejercicios 2007 y 2008, según un informe elaborado por la Cámara de Cuentas de la Comunidad de Madrid.
En dicho informe de fiscalización correspondiente a los años 2007 y 2008, la Cámara de Cuentas encuentra numerosas irregularidades protagonizadas por el ex alcalde, quien actualmente está imputado en tres causas judiciales distintas, alguna de ellas relacionada con estas anomalías.
Santos, que gobernó Navalcarnero durante 20 años bajo las siglas del PP, fue apartado de la candidatura de este partido en las últimas elecciones municipales de 2015 por la entonces presidenta del PP de Madrid, Esperanza Aguirre, al estar imputado por algunas de las irregularidades que ahora denuncia la Cámara de Cuentas.


Tras su expulsión del PP, el ex regidor, que ha dejado el municipio como uno de los más endeudados de la Comunidad de Madrid con una deuda que supera los 195 millones de euros, fundó un nuevo partido -Unión Reformista Ciudadana (URCI)- con el que presentarse a las elecciones municipales.
El 24 de mayo de 2015, el socialista José Luis Adell, junto a Ciudadanos y Cambiemos, arrebató la alcaldía al PP -y a Baltasar Santos, que obtuvo dos concejales con el nuevo partido-, y tuvo que presentar un severo plan de ajuste municipal para reducir la enorme deuda dejada por el anterior alcalde.
Alguna de las irregularidades que han llevado al municipio a ese nivel de deuda han sido fiscalizadas por la Cámara de Cuentas en este informe, como por ejemplo, el caso del polideportivo de La Estación -caso por el que Santos está siendo investigado-, cuya finalización estaba prevista para 2007, pero que aún no ha acabado.
En otro de los ejemplos, el informe habla de la construcción de la plaza de toros del municipio, que pasó de un coste inicial de 15,6 millones de euros a estar finalmente por encima de los 22 millones, un desvío del 42,5%, el cual fue asumido casi íntegramente por el Consistorio.


Otra práctica habitual que denuncia el informe de fiscalización es que "no figuran informes técnicos, ni jurídicos" sobre las causas de modificación de muchos de los contratos, alguno de los cuales llegó a triplicar su coste de adjudicación, y que además, estas modificaciones "no estaban basados en causas técnicas imprevistas".
También le sorprende a la Cámara de Cuentas que en casi todos los contratos analizados en los ejercicios de 2007 y 2008, estas modificaciones que se realizaban de los contratos, se hacían "cuando las obras deberían de estar casi concluidas o finalizadas del todo", algo que despierta más sospechas en la actuación de Santos.
En general, el informe, que cuenta con 120 páginas y fue trasladado al alcalde el pasado 22 de febrero, cifra en 35 millones de euros el dinero sin justificar en ese período por parte de Santos, quien, según el escrito, se saltó leyes y normativas de contratación municipal y las prácticas de control y fiscalización asociadas a esas contrataciones.

El juez pide investigar por qué la SGAE pagó 37 millones de más por dos teatros

La entidad compró por 82 millones el Coliseum y el Lope de Vega, que los dueños habían intentado vender por 45 pocos meses antes, según el sumario

 El juez de la Audiencia Nacional José de la Mata ha ordenado que se elabore un informe pericial para aclarar cómo la Sociedad General de Autores, la SGAE, adquirió en diciembre de 2009 los teatros Coliseum y López de Vega, en la Gran Vía de Madrid, por 82 millones de euros cuando los dueños de sendos inmuebles se los habían ofrecido meses antes por 45 millones al inquilino de uno de los teatros. Es decir, la SGAE pagó supuestamente 37 millones de más, según estiman fuentes de la investigación judicial.

 El titular del Juzgado Central 5 de la Audiencia investiga una supuesta administración desleal por parte de los antiguos responsables de la gestora de derechos de autor en detrimento de los socios. El elevado precio de adquisición de estos teatros es una de las piezas desglosadas del tronco principal de la denominada Operación Saga, que supuso la detención en julio de 2011 de Eduardo (Teddy) Bautista, presidente de la sociedad, y otras ocho personas entonces vinculadas con la SGAE, técnicos y directivos. Este periódico ha intentado recabar la versión de Bautista. Pero el expresidente de la SGAE prefiere no pronunciarse sobre un asunto que está subjudice, según fuentes próximas a él.

 El juez De la Mata, a instancias del fiscal anticorrupción José Miguel Alonso, quiere que el perito determine el valor de mercado que tenían ambas instalaciones culturales en 2009, cuando se compraron, coincidiendo con una época expansiva de la SGAE en el sector inmobiliario a través de su filial Arteria. Pablo Ruz, primer juez instructor de este asunto, entendió que Bautista, entonces presidente del Consejo de Dirección de la SGAE, era quien tomaba las decisiones relevantes en esta sociedad.

 

Fuentes próximas a la investigación argumentan que la productora holandesa Stage Entertainment ofreció a los dueños, a mediados de 2009, por el Lope de Vega, 25 millones. Y añaden que los dueños querían vender los dos a la vez, y fijaron un precio de 45 millones, y de ahí no bajaron. No hubo acuerdo: Stage Entertainment, la productora holandesa del Rey León, ofreció finalmente 35 millones por los dos, que suman un aforo cercano a las 3.000 plazas. Meses después, representantes de Stage volvieron a interesarse por los teatros, pero les dijeron que ya estaban vendidos. Los dueños se ufanaron por lo ventajoso de la venta, según los citados medios. Casi 82 millones. El comprador era la SGAE a través de Arteria. El crédito para la compra de los teatros lo respaldó el Banco de Valencia.
Teddy Bautista negó ante el juez la autoría de esas decisiones. Los adquirió “saltándose a Ramiro Osorio", entonces director general de Arteria y exministro de Colombia, señalan las citadas fuentes de la investigación. Este declaró, sin embargo, que él no fue informado de esa operación. Bautista se amparó en que existía una tasación que valoraba ambos espacios en 105 millones. El cálculo lo hizo un perito privado para la SGAE. Otro informe los valoraba en 70 millones. Según fuentes próximas a Teddy Bautista, la valoración no fue parcial puesto que la hizo la propia entidad bancaria que facilitó el dinero para la operación.

En esta pieza de la SGAE están siendo investigados Bautista, Pablo Antonio Hernández y Ángel Quintanilla, asesores y técnicos de la SGAE, ambos muy bien remunerados.

Los nuevos responsables de la SGAE ya se han deshecho de ambos teatros por 58 millones. En septiembre de 2016 fueron vendidos a Stage. La venta por 58 millones de ambos teatros ayudó a sanear las cuentas de Arteria, que adeuda más de 100 millones.

 Varias piezas del caso SGAE han sido ya enjuiciadas y archivadas o absueltos los investigados. Por ejemplo, el cantante Ramocín, acusado de cobrar dinero de la SGAE por trabajos supuestamente no realizados; o Caco Senante, de una imputación de apropiación indebida junto a Bautista, ambos absueltos. Pero aún hay varias piezas abiertas judicialmente; esta es una de ellas. También hay condenas en piezas ya enjuiciadas, como los dos años y medio de prisión impuestos a Pedro Farre, colaborador de Teddy en la lucha contra la piratería y exdirector de Relaciones Corporativas. Está en prisión por haber cargado gastos de burdeles, entre otras cosas, por 40.000 euros en la tarjeta de la SGAE. Acaba de publicar el libro Cazado. También pesa una condena por encubrir esos gastos sobre otro de los implicados, Ricardo Azcoaga, director financiero de la SGAE.

La intención mayoritaria entre los nuevos directivos que accedieron a la SGAE tras la detención de la vieja cúpula por parte de la Guardia Civil es deshacerse de las inversiones inmobiliarias que hizo la sociedad SGAE en España y otros países (el Campos Elíseos en Bilbao, el Paral·lel en Barcelona, el Metropolitan de Buenos Aires, Argentina, o La Casona, en Ciudad de México, un teatro en Sevilla) y dedicarse a su principal cometido, la gestión de los derechos de autor.
El juez De la Mata indaga un supuesto delito de administración desleal en detrimento de los socios de la SGAE mediante pagos presuntamente inflados salidos de las arcas del gestor de derechos de autor.

72 colegios que separan a sus alumnos por sexos reciben 113 millones al año de subvención pública

• Los centros receptores defienden un ideario ultracatólico y la mayoría están próximos a la órbita del Opus Dei
• Sólo Aragón, Canarias y Castilla-La Mancha no dedican dinero público a financiar centros de este tipo
• Andalucía se rebela para no consolidar estos conciertos, a pesar de que cuentan con el aval de la ley educativa que aprobó el PP en 2013

Al menos 113 millones de euros salieron de los presupuestos públicos de 2016 para financiar los 72 centros educativos que se mantienen acogidos al régimen de conciertos a pesar de que separan en clase a alumnos y alumnas. Los citados colegios se ubican en catorce autonomías. Sólo Aragón, Canarias y Castilla-La Mancha no dedican dinero público a financiar centros de este tipo. 

Todos tienen un ideario educativo ultracatólico y 62 de ellos (más del 85%) están vinculados de forma directa a la prelatura del Opus Dei. 

El debate sobre la pertinencia de que estos colegios se financien con dinero público ha vuelto a resurgir recientemente después de que la Junta de Andalucía se haya mostrado decidida a no consolidar estos conciertos. Y eso a pesar de que la legislación educativa actual –la reforma impulsada por el exministro José Ignacio Wert, en vigor desde el 30 de diciembre de 2013– señala de forma expresa que esta opción educativa puede estar financiada con dinero público. 

El PP garantizó en su reforma el retorno de los conciertos a los colegios que los habían perdido después de que el Tribunal Supremo, en varias resoluciones, cuestionara que se sostuvieran con fondos públicos. Las resoluciones del Alto Tribunal, no obstante, estaban basadas en la ya modificada Ley Orgánica de Educación (LOE), que dejaba la decisión final sobre si financiarlos o no en manos de las autonomías al señalar que los colegios mixtos serían "objeto de atención preferente y prioritaria". 

La legislación actual recoge que "en ningún caso habrá discriminación por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social" en las escuelas y añade que "no constituye discriminación la admisión de alumnos o la organización de la enseñanza diferenciadas por sexos". De ahí que los tribunales, bajo el paraguas de este texto, hayan fallado a favor de mantener los conciertos tras los recursos formulados por los defensores de este modelo en los últimos años.

A pesar de ello, Andalucía mantiene que "no está obligada a financiar una educación que no respeta el principio constitucional de no discriminación por razón de sexo". "Respetamos a quienes opten por otros modelos como una enseñanza que diferencia entre niños y niñas, que los separa y los segrega, pero esta no puede ser sostenida con fondos públicos", dice un portavoz a preguntas de infoLibre. 

La Junta ha decidido denegar la financiación pública a las unidades del nivel de acceso a las enseñanzas, que soncuarenta de un total de 113 que estaban concertadas este curso. Por tanto, el alumnado ya escolarizado continuará con el concierto educativo. En cualquier caso, tanto las familias como los centros ya se preparan para acudir a los tribunales. Rafael Caamaño, secretario general de la patronal CECE Andalucía, asegura que el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía ha dictado hasta cuarenta sentencias dándoles la razón ante denegaciones del concierto por parte de la Junta. 

En conjunto, los nueve centros andaluces que segregan por sexo y acceden a la financiación pública tienen un coste para la Administración de alrededor de cinco millones de euros anuales. Siete de ellos (Albaydar, Altair, Elcható de Brenes, Ribamar, Torrealba, Yucatal y Zalima) están vinculados a la a la prelatura del Opus Dei y otros dos, Ángela Guerrero y Nuestra Señora de Lourdes, a las Hermanas de la Cruz.

Madrid y Cataluña, a la cabeza                                                        

No obstante, Madrid es la comunidad que cuenta con más centros concertados que separan en clase a niños y niñas, un total de 18, que fueron financiados con 27,7 millones de euros. Todos están relacionados de forma directa con el Opus Dei salvo cinco, que pertenecen a otras entidades de carácter ultracatólico: Edith Stein (Fundación Chesterton), Juan Pablo II en Alcorcón y Parla (Fundación Educatio Servanda), Monte Tabor (movimiento apostólico de Schoenstatt), y Stella Maris (Discípulos de Jesús y María). 

En Cataluña el número de centros concertados que segregan por sexo asciende a 15 y su financiación anual es de 28,6 millones de euros, según datos facilitados por el Govern a la diputada del PSC Esther Niubó. El grupo de Catalunya Sí que es Pot presentó en marzo del año pasado una proposición de ley para modificar la Ley de Educación de Cataluña (LEC) con el objetivo de que sólo se pudieran concertar las escuelas privadas que garanticen la educación mixta. El texto fue tumbado por Junts pel Sí (incluidos los representantes de ERC) y el PP. "Es el modelo de Convergència de toda la vida y ERC parece haberlo comprado absolutamente: 28 millones para estos centros, cero para escuela infantiles públicas municipales y tres millones para guarderías privadas de iniciativa social", se queja Niubó. 

La legislación establece que las comunidades autónomas pueden tomar como referencia los módulos económicos de distribución de fondos públicos para el sostenimiento de centros concertados que recogen los Presupuestos Generales del Estado o aprobar módulos propios en sus cuentas anuales, si bien las cuantías nunca pueden ser inferiores a las estatales. En todo caso, la subvención total a la que accede cada centro depende del número de unidades concertadas en cada etapa educativa. La cantidad total se realiza multiplicando el número de módulos concertados de cada enseñanza por la asignación presupuestaria de cada uno de esos módulos. 

La Comunitat Valenciana, pionera en 1999 en concertar de golpe los cinco centros educativos privados vinculados al Opus Dei que había en ese momento, cuenta actualmente con siete centros de este tipo (Aitana, Altozano, El Vedat, Guadalaviar, Miralvent, Torrenova y Vilavella), todos vinculados también a esa institución. Recibieron el año pasado 12,3 millones de euros, una cantidad que el actual Gobierno valenciano (PSOE-Compromís) mantendrá a pesar de estar "totalmente en contra de la educación segregada" porque hay que "cumplir la ley", tal y como señala un portavoz a este periódico.

En el País Vasco hay cinco centros que segregan que reciben cada año, según datos del departamento de Educación vasco, 12,2 millones de euros. Son los colegios Eskibel, Erain, Ayalde, Munabe y Gaztelueta. Los cuatro primeros pertenecen al grupo educativo COAS y todos están ligados al Opus Dei. En Galicia hay otros cinco –Aloya, Las Acacias, Montecastelo, Peñarredonda y Montespiño– que son financiados con tres millones al año. El primero de ellos, exclusivamente de Formación Profesional, está ligado al Opus Dei y el resto pertenecen a la empresa Fomento, una institución educativa vinculada también a esta institución. 

Hay otros dos en Castilla y León –Pinoalbar y Peñalba, ambos de Fomento– y uno en La Rioja –Alcaste, del grupo COAS–. Los primeros obtuvieron 1,1 millones entre los dos y el segundo, 1,7 millones. En Murcia, el colegio Nelva-Monteagudo computa administrativamente como uno, si bien cuenta realmente con dos edificios en los que separan a alumnos y alumnas. Recibió alrededor de cuatro millones de euros anuales de subvención. En Navarra hay otros dos centros educativos que segregan por sexo –Miravalles-El Redín e Irabia-Izaga–, que recibieron 13,6 millones de euros anuales. Y en Cantabria uno, el Torrevelo-Peñalabra, también de Fomento, que obtuvo 1,3 millones de euros. 

Obligados por la ley 

Otras comunidades gobernadas por los socialistas, como Asturias, Baleares y Extremadura, también mantienen los conciertos de este tipo de centros. Portavoces de las consejerías de Educación de las tres autonomías insisten en mostrar su preferencia por un modelo educativo mixto que garantice el acceso en igualdad de oportunidades, pero recuerdan que estos conciertos están amparados por la actual ley educativa. 

En 2013, el Gobierno de Asturias retiró los conciertos a los dos centros de educación diferenciada de la empresa Fomento que hay en el Principado. Esa decisión fue avalada por el tribunal superior de la comunidad pero sólo tuvo efecto hasta que entró en vigor la actual norma educativa, unos meses después. Esos dos colegios, Los Robles y Peñamayor, cuentan actualmente con 29 unidades concertadas por las que recibieron 1,5 millones de euros en 2016. 

En Baleares también hay dos colegios de educación segregada con doce aulas subvencionadas en total, Aixa y Llaüt. Los dos pertenecen a la fundación de carácter católico Educació i Familia Illes Balears y recibieron en 2016 alrededor de 460.000 euros. En Extremadura hay un único colegio concertado que solo admite a niñas, La Inmaculada y San Ignacio, regentado por la Congregación de las Hermanas de la Cruz. Percibió 224.000 euros el año pasado. "Se mantiene este concierto porque no se puede modificar. No hay ninguna cláusula legal que podamos poner para impedir la segregación por sexos", señala una portavoz.

Sin fondos públicos en tres comunidades 

Precisamente la semana pasada el Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA) condenó al Gobierno de esa comunidad a conceder sendos conciertos educativos a dos colegios privados de Zaragoza que separan a los alumnos por su sexo y a los que el Gobierno PP-PAR de Luisa Fernanda Rudi les había denegado la financiación pública en dos ocasiones la pasada legislatura, tal y como adelantó Público. Los colegios, Montearagón y Sansueña, pertenecen a la empresa Fomento. 

Aragón era, hasta ahora, una de las tres comunidades que no destinaba dinero público a financiar colegios que segregan por sexo. En Canarias, los dos colegios de este tipo que existían se convirtieron en su día en mixtos para no perder el concierto. Y en Castilla-La Mancha, por su parte, existen centros que separan a niñas y niños, pero ninguno de ellos ha pedido ayudas públicas.

La descoordinación de tres diputadas le cuesta al congreso 8.100 euros.

Ángela Rodríguez (En Marea), Marta Sorlí (Compromís) y Teresa Jordà (ERC) fueron a Nueva York para participar en una sesión de la Comisión Jurídica y Social de mujeres que se celebra estos días en la sede de las Naciones Unidas. Las tres diputadas viajaron en una delegación encabezada por la ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Dolors Montserrat. Los costes del desplazamiento de las parlamentarias han corrido a cuenta del Congreso.
Una vez en Nueva York, Rodríguez, Sorlí y Jordà se dieron cuenta de que se habían organizado mal. Tenían una cita mucho más importante que la de la ONU y era en Madrid. Este jueves por la mañana se sometía a la consideración del hemiciclo el decreto ley del Gobierno sobre la estiba. Los votos de estas tres diputadas podían ser decisivos para inclinar la balanza hacia la convalidación o la desestimación del texto.
El Congreso las reclamaba, así que buscaron billetes de urgencia para volver lo más rápido posible a España. Los consiguieron. Dos de ellas volaron en el primer avión disponible. La tercera, en el siguiente. Llegaron a tiempo al pleno, pero no les salió barato. Cada uno de esos billetes costó 2.700 euros, según explican a La Vanguardia fuentes parlamentarias. en total, son 8.100 euros. Una factura que tendrá que abonar el Congreso.

Ningún partido pedirá que En Marea, Compromís y ERC se hagan cargo de la factura

La mayoría de los grupos han visto en este viaje urgente fruto de la descoordinación una mera anécdota. Aún así, el diputado de Ciudadanos Fernando Navarro se permitió una crítica: “Han convertido en heroínas a tres diputadas por el hecho de tener que retornar apresuradamente de Estados Unidos a una sesión en el Congreso que estaba programada. Espero que al menos los billetes los hayan pagado sus respectivos partidos”, reprochó al grupo de Unidos Podemos-En Comú-En Marea.

No obstante, fuentes de Ciudadanos explican que no irán más allá de esa crítica y que no piensan solicitar de forma oficial que En Marea, Compromís y ERC se hagan cargo de la factura del apresurado viaje. Tampoco el PP y el PSOE tienen intención de reclamar que no sea el Congreso quien asuma el coste de los vuelos, indican fuentes de ambos partidos.
Tanto desde Ciudadanos como desde el PP y el PSOE añaden que en sus respectivos grupos fueron previsores y no enviaron a nadie a ese viaje, porque tenían en mente que el pleno del jueves era capital.En Podemos restan importancia al gasto improvisado, porque, según aseguran, las compañías aéreas devolverán el dinero de los billetes cancelados.
Y fuentes del congreso explican que la Cámara no puede pedir de oficio que sean los partidos de las diputadas quienes paguen los vuelos. Solo se podría trasladar la factura a los respectivos grupos parlamentarios si alguna otra formación lo solicitase, cosa que no va a ocurrir.
Al final, las prisas y el gasto de las diputadas fueron inútiles, porque en el último momento Ciudadanos, que planeaba apoyar el decreto de la estiba, cambió de opinión y se abstuvo. El decreto no fue convalidado y los votos de Rodríguez, Sorlí y Jordà no fueron decisivos.

 Ningún partido pedirá que En Marea, Compromís y ERC se hagan cargo de la factura

 Ningún partido pedirá que En Marea, Compromís y ERC se hagan cargo de la factura

 Ningún partido pedirá que En Marea, Compromís y ERC se hagan cargo de la factura

 Ningún partido pedirá que En Marea, Compromís y ERC se hagan cargo de la factura

 Esa es la conclusión final queridos apesebrados, fanáticos y seguidores de uno y otro pelaje, nos toman el pelo, no tienen las más mínima consideración con los dineros de los ciudadanos pero atentos a la extra de junio, que volveran con la matraca de las pensiones.

Mil maneras de matar un "Ogro".

  Visto el cariz que está tomando el asunto, he decidido hacer campaña a favor de la eliminación de los ogros.  Lo siento mucho por Shrek y sus compinches pero es bastante grave que un buen numero de personas esten amenazadas por una de estas bestias (  ¡ojo!, que siempre hay quien les aplaude incluso después de muertos) y de nada sirven las usuales antorchas, aperos de labranza y muchedumbre enfurecida, por lo general todo ello viene en conjunto. Bien, hay que estar prevenido y procurando no levantar sospechas reunir una cantidad buena de material explosivo, hacerlo volar muy alto y esperar que años más tarde no se le ocurra a algun procer la justicia hacer uso innecesario de todos los medios que tiene a su disposición para vulnerar el aticulo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos.

Censura.

    La mera posibilidad que tiene cualquiera de exponer libremente sus ideas y forma de pensar en la red hace tiempo que ha dejado de ser un logro para ser útil a diferentes intereses. En todo caso la censura campa por sus respetos incluso en espacios de supuesta libertad para la circulación de ideas.

 Sancionar a un twittero por hacer chistes por el atentado de Carrero Blanco hacen de la justicia española un instrumento de censura mientras que, sin ningún tipo de tapujo moral, niega la justicia universal y se encuentra pervertido por movimientos ideológicos de la mas diferente índole.

El comienzo.

Bueno, me han dicho que esto de escribir un blog es muy entretenido y mientras tenga la posibilidad de hacerlo gratis, me dedicare prolija mente a escribir todo lo que se me ocurra.

 Desconozco si esto tiene la menor relevancia para alguien aparte de mi pero en una sociedad tan individualista a la que nos vemos abocados, nunca estará de más para las generaciones venideras, sí como imagino se dedicaran a pasar la mayor parte del tiempo en estas páginas, adquiriendo sabiduría por supuesto. De momento nada que añadir, es posible que escriba mucho o que este sea el último post.

 Dicho esto, búsquese una vida propia, de aquí poco o nada se va a sacar.